Sábado, 20 Julio 2024
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POLITICA: Luis Arce promulga ley 144, llama a evitar el cuoteo de autoridades judiciales

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El presidente Luis Arce promulgó la tarde de este martes la ley de 144 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” con el mensaje de evitar el cuoteo en la selección de los candidatos a   las judiciales con “fines de resolver aspiraciones de cualquier índole” y la denuncia de que el bloqueo de afines de Evo Morales “iba por la cabeza del presidente”.

Representantes de organizaciones sociales y legisladores se reunieron en la Casa Grande del Pueblo, y atestiguaron la promulgación de la ley que fue resultado de un acuerdo político gestionado por el vicepresidente David Choquehuanca, en medio de un bloqueo de afines a Morales que dejó millonarias pérdidas, ocho muertos y perjuicios.

Arce informó que en todo momento se dijo que la solución al tema de las judiciales debía darse en el Legislativo, como efectivamente ocurrió con el acuerdo firmado el 2 de febrero producto de un consenso que priorizó la meritocracia en la selección de los futuros candidatos, proceso que debe culminar en un plazo máximo de 230 días con nuevos magistrados.

Una vez promulgada la ley 144, el trabajo retorna al Legislativo, donde se deberá dar curso a la preselección de candidatos y posterior elección de nuevas autoridades.

“El trabajo de nuestra banca (de los renovadores del MAS) va a ir en ese sentido de procurar y evitar cualquier cuoteo que se esté dando en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines de resolver aspiraciones personales de cualquier índole”, aseguró en alusión a la intensión de los evistas de asegurarse autoridades para revertir el fallo constitucional que impide una nueva postulación de Morales.

El Tribunal Constitucional Plurinacional dictó un fallo que, apegado a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), establece que la reelección indefinida no es un derecho humano, lo que afecta las aspiraciones de Morales, quien gobernó por más de 14 años.

Desde el propio Gobierno se denunció que el bloqueo evista tenía en el fondo el objetivo de revertir el fallo del control constitucional y afectar la gestión de la actual administración.

“Ha sido innecesario este bloqueo, el afán de desgastar y venir por la cabeza del presidente, como lo han anunciado ya, y lo han dicho públicamente, que ese es el objetivo. No se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera y no se puede ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares”, cuestionó.

Afines a Morales levantaron, después de 12 días, varios puntos de bloqueo el viernes, tras el acuerdo político promovido por Choquehuanca. No obstante, sectores radicales continuaron con la extrema medida de presión hasta este martes. Exigían elecciones judiciales, renuncia de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y reivindicaban el derecho de Morales de volverse a postular a las elecciones.

“Hubo un daño económico irreparable e injusto para el pueblo boliviano sólo por ambiciones personales y políticas, y el desgaste al gobierno nacional”, cuestionó.

Los daños provocados por la medida de presión se acercan a los $us 1.000 millones, a ocho muertos y perjuicios a la gran mayoría de la población.

“Nadie puede mostrarse como ganador de esto. Cuando el pueblo ha perdido, el pueblo sabrá valorar, sabrá internalizar todo lo que ha pasado, porque nosotros siempre decimos: el pueblo es sabio y el pueblo dará su veredicto mañana. No por culpa de la ambición de unos cuantos podemos castigar a la mayoría”, insistió.

Choquehuanca y dirigentes como el de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, participaron del acto de promulgación de la ley 144, paso central en el camino a las elecciones judiciales que deben realizarse en un plazo de 230 días.

"El único camino que viabiliza y tranquiliza a todos los bolivianos es volver a la constitucionalidad y la constitucionalidad nos dice que el único camino son las elecciones judiciales, no hay más camino", afirmó ante planteamientos fuera de la Constitución para reemplazar a los magistrados que fueron prorrogados en su mandato por una decisión constitucional ante la falta de elecciones de nuevas autoridades.

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