Frente a la grave crisis sanitaria que vive Bolivia, por la expansión del coronavirus y el fallecimiento de muchos ciudadanos bolivianos, por la carencia de políticas estructurales para hacer frente a la arremetida del COVId-19, el abogado cochabambino, José Carlos Sánchez, pidió clamorosamente al Gobierno de Luis Arce Catacora, que ayude al pueblo” con la implementación de  hospitales y dotación de equipos e insumos para salvar vidas humanas.

“Pedimos a los Gobernantes, respetar la Constitución Politica del Estado (CPE) donde se establece que el  Estado,  en  todos  sus  niveles,  protegerá  el  derecho  a  la  salud,  promoviendo  políticas  públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”, asevero.

La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la  vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19;  así  como  sus  impactos  de  inmediato,  mediano  y  largo  plazo  sobre  las  sociedades  en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad, señala el joven abogado.

“Cumplan con el Artículo 36 Parágrafo I de la CPE: que el Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud y no como ahora la gente se encuentra desesperada sin saber que hacer frente a la pandemia del coronavirus”. “No es justo que en Bolivia mueran 100 personas por día, no es justo que cada día se registren 3 mil casos de coronavirus. Le pido a los gobernantes “salvar vidas humanas”, menciono.

El abogado que fue candidato a Gobernador de Cochabamba, emplazo a los Gobernantes a tomar acciones inmediatas para hacer frente al coronavirus. La CPE establece: “Que el Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo regulará mediante la ley, peor al contrario las clínicas particulares, esquilan a los pacientes con covid-19.

Recordó que el Artículo 37 de la CPE señala que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una  función  suprema  y  primera  responsabilidad  financiera, donde se priorizará  la  promoción  de  la  salud  y  la prevención de las enfermedades.

Asimismo la CPE establece que el  Estado  garantizará  el  servicio  de  salud  público  y  reconoce  el  servicio  de  salud  privado;  regulará  y vigilará  la  atención  de  calidad  a  través  de  auditorías  médicas  sostenibles  que  evalúen  el  trabajo  de  su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la Ley.

Asimismo la ley sanciona las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica. El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud.