Nicolás Maduro ha intensificado su brutal sistema de represión con la complicidad de «soplones anónimos» que delatan a los opositores que protestan o se expresan en las plataformas digitales en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, considerados un fraude por la comunidad internacional.

Esta táctica, que se utilizó con intensidad en la convulsionada Venezuela de 2017, se ha vuelto aún más agresiva y busca silenciar a la disidencia al generar un clima de miedo, con la vigilancia permanente de los ciudadanos que reclaman un cambio político.

Como excusa, el régimen socialista asegura que intenta garantizar la paz en Venezuela, criminaliza las manifestaciones y acusa de «terroristas» a quienes se manifiesten en su contra.

El periodista y defensor de derechos humanos Oscar Murillo, coordinador general de Provea, analizó para El Nacional cómo el gobierno desarrolló un sistema de vigilancia y represión en «el marco de un Estado policial y militar», utilizando las redes sociales para identificar, estigmatizar y perseguir a quienes expresan opiniones contrarias.

Desde 2017, esta ONG ha documentado detenciones y ejecuciones extrajudiciales de personas etiquetadas como golpistas y conspiradoras, y la vigilancia en las plataformas digitales, indicó Murillo, se suma a los mecanismos para condicionar las ventas de bolsas de productos de los CLAP y del gas doméstico, o el subsidio directo para así mantener una clientela política.

Explicó que lo que ha cambiado recientemente es la intensificación y la institucionalización de estas prácticas, promovidas incluso por Nicolás Maduro, quien puso a disposición la aplicación móvil VenApp para que los militantes del chavismo «denunciaran y hostigaran» a opositores.

«Este enfoque represivo, que ha sido un elemento constante pero se ha vuelto más intenso, es ahora parte de una estrategia para aplastar el descontento social y la crítica política», afirmó el defensor de derechos humanos.

El sociólogo Marcel Valentine dijo que se debe considerar que la delación puede ser no forzada o producto de la coacción porque algunas personas podrían hacerlo por voluntad propia, aunque cuestionó cuál podría ser la motivación.

Sugirió que, en un sistema socialista, el Estado se convierte en la principal fuente de apoyo y estructura social. En este contexto, asume un rol similar al del padre en el sentido de que proporciona, educa y, al mismo tiempo, castiga. Este castigo, según él, es discrecional y se basa en la lealtad.

«Ahora, lo que sucede es que el Estado socialista mina a la familia, a la iglesia, a la escuela, a la comunidad, pero no es que va a ocupar sus lugares, sino que absorbe sus funciones con una intencionalidad política. Por un lado, hay unos lazos que se rompen, que son los lazos sociales en determinadas instituciones, y por otro, hay un lazo que se refuerza, que es un lazo que termina siendo de dependencia con el Estado», explicó.

«Como en todo lo que toca el socialismo, lo que se comete es una perversión con el señalamiento de personas inocentes solo por su posición política», expresó.

Jesús Castellanos, politólogo, destacó que el gobierno intenta reducir la protesta a través de un esquema de férrea y cruenta represión porque la fuerza es su principal recurso, a pesar de que «sabe» que la movilización ciudadana demuestra el rechazo abierto a los resultados electorales anunciados por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral.

Además, de acuerdo con Castellanos, se evidencian la presión social nacional por restituir la voluntad popular y las dificultades de cualquier ejercicio de gobernabilidad que Maduro intente generar.

«Adicionalmente, la protesta muestra la fuerza interna del movimiento democrático entre los venezolanos y frente al mundo. Eso para el régimen es fundamental callarlo», manifestó a El Nacional.

Asimismo, el coordinador de Provea recordó que la persecución política es considerada un crimen de lesa humanidad y que es investigada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

«Esta práctica, que de hace bastante tiempo forma parte del repertorio represivo, se intensifica en los ciclos de protestas o escenarios de alta conflictividad social, pero en esta nueva etapa se ha hecho más intensa y peligrosa. Por lo tanto, este mecanismo de represión, de amenaza, de hostigamiento, deja al descubierto que en Venezuela hemos entrado en un escenario donde hay, de facto, la suspensión de unos derechos para favorecer una política represiva que busca aplastar el descontento social y la indignación ante unos resultados que no terminan de convencer a la mayoría del pueblo venezolano», dijo.