“Asumo que el Gobierno lo único que busca, y lo va a lograr, es mi muerte a corto plazo”. Así la expresidenta Jeanine Áñez se manifestó frente a un juez, al momento de denunciar la indolencia de las autoridades sobre su estado de salud.

Áñez se pronunció durante una audiencia judicial este viernes. Señaló que ya está encarcelada por seis meses y 18 días, cuando el plazo de su detención era de seis meses.     

“Hace 18 días debería yo estar en libertad, esto conforme al plazo que señaló la propia justicia a pedido del Gobierno, pero de hecho yo no debería estar presa ni un solo día. Yo no cometí ningún delito y, por lo tanto, soy una prisionera política, un trofeo para este Gobierno”, dijo Áñez.

Denunció ante el juez también que es víctima de violencia y de tortura psicológica.

Mencionó que le han proporcionado medicamentos de dudosa efectividad: “muchas veces me provocaron mucho sueño y me provocaron hasta alucinaciones”.

A eso se suma que, según Áñez, una nutricionista le diagnosticó el jueves que padece de anorexia nerviosa, lo cual agrava su cuadro de desnutrición.

Asimismo, denunció que es víctima de violencia de parte de “señoras internas del penal”, a las cuales acusó de ser incitadas por el propio Régimen Penitenciario, para gritarle, insultarle y, además, imprimir y pegar carteles denigrantes a su dignidad.

“Me resulta peligroso que pueda bajar a tomar sol al pasillo del penal, cosa que no he hecho hace más de un mes”, aseveró.

Denunció que las autoridades del penal de Miraflores miran de manera insensible las vulneraciones a sus derechos, pero además le restringen las visitas de sus abogados en conjuntos ni le permiten una entrevista directa con su psiquiatra, tomando en cuenta que esa conversación debe ser confidencial.

Agregó que tampoco se permite el ingreso de medios de comunicación y la Asamblea de Derechos Humanos.

Áñez está encarcelada preventivamente desde marzo de este año por el caso denominado “golpe de Estado”, en el que se le juzga como exsenadora por hechos previos a su ejercicio como Presidenta.

Los casos Senkata y Sacaba, además de otros de presunta corrupción, aún esperan autorización para juicio de responsabilidades.