El Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó el Decreto Presidencial 4571, el mismo que abroga el Decreto Presidencial 4461 de amnistía e indulto a más de 1.500 oficialistas que fueron procesados durante el Gobierno de Jeanine Añez.
Pese al rechazo de diputados y senadores de la oposición que cuestionaban el contenido de la nueva norma, el oficialista MAS utilizó su mayoría absoluta para aprobar la “suficiente discusión”, para evitar más discursos de asambleístas, y aprobar la normativa en cerca de una hora. El Decreto Presidencial 4571 fue remitido al Ejecutivo para su respectiva promulgación.
El decreto 4461 fue observado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que indagó los hechos violentos registrados en 2019, porque consideró que “la amnistía, aunque haya sido concebida para atender a un legítimo reclamo de personas víctimas de persecución política, puede terminar por producir el encubrimiento de graves hechos, impedir la justicia y dificultar la reparación de daños”. En este caso, el GIEI advirtió que la amnistía o el indulto puede interferir de manera negativa en la obtención de la verdad y la justicia, además que puede “reforzar” la precepción de injerencia política del Gobierno en la administración de justicia.
La norma fue cuestionada por beneficiar a militantes del MAS que presuntamente estuvieron involucradas en los hechos de violencia en el periodo poselectoral de 2019.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), celebró este jueves la abrogación del Decreto de Amnistía aprobado por el Gobierno de Luis Arce, debido a que permitía la impunidad en delitos graves ocurridos en la crisis de 2019.
“Bolivia: Celebro la derogación del decreto de amnistía de febrero. Al igual que luego hizo el #GIEIBolivia, @hrw alertó que la norma permitía la impunidad por delitos graves y abusos. Bolivia necesita una justicia efectiva e independiente, no amnistías”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.
Este jueves, la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió, por mayoría de votos, abrogar el Decreto 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, que incluía entre sus beneficiarios a seguidores de Evo Morales procesados durante el Gobierno de Jeanine Aez.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE) dijo sobre el decreto que “puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia”.
El presidente Luis Arce, que presentó la propuesta al legislativo, señalaba en el documento que “los detenidos o procesados (en el gobierno de Jeanine Áñez) no pretendían cometer infracciones, sino defender la democracia, por lo que sus actos no se sujetan a delitos del Código Penal”.