El ministro de Justicia, Iván Lima, renunció este jueves a su cargo, según fuentes de Palacio de Gobierno. Algunos medios informaron que el presidente Luis Arce aceptó la dimisión del profesional abogado.

Ivan Lima en su cuenta X dijo: “Tres años y 10 meses después de haber asumido el compromiso de acompañar la gestión del presidente Luis Arce, he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Justicia y Transparencia Institucional.

Ha sido un tiempo intenso en el que dediqué mi más grande esfuerzo a lograr que los bolivianos tengan un acceso más ecuánime y equilibrado a la justicia y para generarles más y mejores oportunidades en el marco del derecho y de la democracia.

Es cierto que no hay mejor recompensa que la satisfacción del deber cumplido. Me voy habiendo entregado lo mejor de mí a mi país, con la seguridad de que lo hecho servirá para que alcance mejores días”.

Lima fue nombrado en el cargo el 9 de noviembre de 2020, un día después de que Arce asumió el mando del país.

Considerado uno de los ministros más cercanos al Mandatario, Lima recibió críticas de varios sectores sobre el manejo de esa cartera de Estado y por no lograr la “esperada reforma de la Justicia”.

Una de las últimas acciones al frente de ese ministerio fue el referéndum sobre la subvención a los hidrocarburos y la reelección indefinida.

Además, el profesional con especialidad en Arbitraje y Derecho Constitucional, fue apuntado por la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) como “manipulador” de la Justicia en el país.

Incluso, el expresidente del Estado y líder del MAS, Evo Morales, lo acusó de ser, según él, uno de los operadores del “plan negro” que busca una supuesta inhabilitación de su candidatura en las elecciones presidenciales de 2025.

Lima también tuvo duros mensajes para el exmandatario. Por ejemplo, le advirtió —en el segundo día de la marcha evista, que partió de Caracollo (Oruro) y llegó a La Paz el lunes— que “tu tiempo se ha acabado”.

Otro hecho que envolvió en polémica a Lima es la defensa de los magistrados y consejeros electos en 2017, a los que la facción evista del MAS llama “autorporrogados”.

En los hechos, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Declaración Constitucional 049/23, que amplió el mandato constitucional de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP, hasta que los nuevos en ese cargo sean elegidos por votación y posesionados en sus despachos.

Ahora, luego de un “tortuoso camino”, las elecciones judiciales, a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), están fijadas para el 1 de diciembre.