Evo Morales enfrenta diversas acusaciones relacionadas con delitos sexuales, específicamente sobre supuestos casos de estupro y trata de personas, pese a esta situacion el jefe de los cocaleros, Evo Morales insiste en postularse a  la presidencia de Bolivia.

Estas denuncias están vinculadas a presuntas relaciones con menores de edad durante su mandato como presidente de Bolivia.

Uno de los casos involucra a Noemí Meneses, con quien habría tenido una relación cuando ella era menor de edad, y otro a Cindy Sarai, quien también habría tenido una hija con el exmandatario. Las investigaciones incluyen mensajes, fotografías y testimonios como pruebas clave.

Sin embargo, Morales ha rechazado rotundamente las acusaciones, calificándolas como un intento de sus opositores para dañar su imagen y evitar que sea candidato en las próximas elecciones.

También alega que algunos de estos casos ya fueron archivados anteriormente. Actualmente, las investigaciones han enfrentado obstáculos legales y políticos, reflejando el complejo contexto de tensiones entre las facciones del MAS y su enfrentamiento con el gobierno de Luis Arce.

El desarrollo de estas denuncias continúa, y las decisiones judiciales podrían tener implicaciones políticas y legales significativas.

Los delitos sexuales están penados por ley en Bolivia. El Código Penal y otras normativas específicas establecen sanciones claras contra diversas formas de violencia sexual. Algunos de los principales delitos y sus características son:

Estupro: Consiste en mantener relaciones sexuales con menores de 18 años mediante seducción o engaño. Está regulado en el artículo 309 del Código Penal, con penas de 2 a 6 años de prisión.

Violación: Tipificado en el artículo 308 del Código Penal, implica relaciones sexuales sin consentimiento y puede ser agravado si la víctima es menor de edad, con penas de hasta 20 años.

Abuso sexual: Sancionado por el artículo 312, involucra actos que atentan contra la libertad o indemnidad sexual sin llegar a la penetración. Las penas pueden variar dependiendo de las circunstancias.

Trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual: Este delito está sancionado con penas severas en la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas (Ley N° 263), con sanciones de hasta 20 años de prisión.

Acoso sexual: Regulado por la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), que establece penas para quienes ejerzan violencia psicológica o física con fines sexuales en contextos laborales o educativos.

Las leyes bolivianas buscan proteger especialmente a menores de edad y a mujeres, considerando estos actos como graves violaciones de derechos humanos. Si necesitas más información sobre las normativas específicas, puedo ayudarte a detallar cada una.

CONSTITUCIONALMENTE EVO NO ESTA HABILITADO PARA SER CANDIDATO

Evo Morales no está habilitado para postularse nuevamente a la presidencia de Bolivia. Según un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), los mandatos presidenciales están limitados a dos períodos, consecutivos o alternados. Morales ya ha cumplido tres mandatos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019), lo que lo excluye de participar en las elecciones presidenciales de 2025.

Aunque Morales sostiene que está legalmente habilitado, el TCP ratificó en 2023 y 2024 que la reelección indefinida no es posible y que ningún mandatario puede superar los diez años en el poder en cualquier combinación de periodo. Esta decisión se enmarca en las restricciones introducidas en la Constitución promulgada en 2009.

Evo Morales se encuentra resguardado en el Chapare, una región de Cochabamba que es su bastión político y sindical. Su posición se debe a la disputa interna con el presidente Luis Arce por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) y a los procesos judiciales abiertos en su contra, incluidos cargos de trata de personas y estupro.

Morales enfrenta además acusaciones relacionadas con un supuesto intento de enfrentamiento armado con policías, lo cual él ha negado, calificándolo como un plan para eliminarlo políticamente.

Morales ha liderado indirectamente bloqueos carreteros que han afectado a varias partes del país, exigiendo que se suspendan los procesos judiciales en su contra y se realicen elecciones primarias abiertas para definir al candidato presidencial del MAS para 2025. Además, ha advertido sobre posibles levantamientos indígenas y militares si se procede con su captura.

La situación refleja una creciente tensión entre Morales y el gobierno de Arce, lo que ha llevado a una profunda división en el partido oficialista y a una crisis política que afecta la estabilidad del país.

Según Morales, su vehículo fue baleado recientemente en un intento de atentado mientras se desplazaba por el Chapare. También ha señalado que se usarían armas y vehículos decomisados al narcotráfico para encubrir el ataque y presentarlo como un ajuste de cuentas.

Estas declaraciones forman parte de sus acusaciones contra el ministro Eduardo Del Castillo, a quien identifica como su principal enemigo dentro del gobierno.

Por otro lado, el gobierno ha desmentido estas acusaciones y asegura que Morales escapó de un control policial rutinario, disparando a los agentes en el proceso.

Además, las autoridades han negado cualquier intención de atentar contra el expresidente y lo han acusado de usar estas declaraciones para movilizar a sus seguidores y generar desestabilización política.

Aunque no existen pruebas públicas que respalden una conspiración gubernamental para asesinar a Morales, sus acusaciones y el contexto de tensión política y divisiones dentro del MAS han alimentado el clima de desconfianza. El caso sigue siendo polémico y de alta sensibilidad en Bolivia.