El expresidente de Bolivia y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, discrepó que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional sea cada vez “más potente”, porque adquiere la capacidad de injerencia en el Órgano Judicial, que es uno de los poderes del Estado.

La exautoridad se refirió al tema al hacer consideraciones sobre la necesidad de una reforma judicial que responda a las expectativas de la ciudadanía, de trabajar en una justicia independiente que se sujete solo al imperio de la ley y de la Constitución Política del Estado.

En esa línea, advirtió que existe una “actuación de injerencia del Gobierno, y más precisamente del Ministerio de Justicia que se encumbró como titular del quehacer del sistema judicial y copó muchos de los ámbitos judiciales”, declaró en radio Compañera.

Asimismo, que el Tribunal Constitucional Plurinacional responde a intereses de “una fracción política”, al cuestionar que el sistema judicial es más “centralista” que nunca, desmereciendo por ejemplo a otros actores como el pluralismo jurídico.

“Está concentrando en manos -por ejemplo- del Tribunal Constitucional que responde más bien a los intereses de una fracción política o ha dado señales de que está dispuesto a fallar (o) interpretar la Constitución conforme al gusto de quién le pide”, sentenció el exmagistrado.

Recomendó reflexionar sobre si la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) en el ámbito de la justicia ha contribuido o a desmejorado la “calidad de la independencia del sistema judicial”, un tema esencial para garantizar un juzgamiento equitativo y convertirse en un servicio predecible y accesible para todos.

Aunque “Eso no ocurrió, creo que el Ejecutivo a través de un Ministerio de Justicia cada vez más potente, fue copando las actividades judiciales”. Escenario que se ha creado porque el Órgano Judicial ha perdido liderazgo y “no tiene una cabeza visible”.

Explicó que con la CPE de 2009 se eliminó la identidad de quién preside y dirige el sistema judicial y el espacio desde donde se puede conducir razonablemente las políticas judiciales. Precisó que se disminuyeron y alteraron las competencias de los principales tribunales y se introdujo la figura de elección de magistrados por voto popular que ha fracasado en dos oportunidades.

Ahondó que eliminó la idea de que la Corte Suprema de Justicia y su presidente participe en el Consejo de la Magistratura y en caso de una falencia y una sucesión de renuncias podía suceder a la Presidencia del Estado, todo eso se suprimió.

Explica que ante esa falta de un liderazgo en el Órgano Judicial “cobro mucha mayor potencia un Ministerio de Justicia”, que al final trataba los proyectos con la cooperación, que es el único que habla de las reformas e incluso en lo protocolar preside las reuniones ante los órganos de Justicia.

“Tenemos que ser claros y concretos la Constitución el 2009 nos ha traído un régimen judicial que no responde a las expectativas ciudadanas, ha desfigurado en gran medida la coherencia que tenía el sistema judicial”, acotó.

Comentó que durante los ocho años que estuvo en la judicatura y desde mucho antes, siempre se reclamó al Ejecutivo y al Legislativo mayor presupuesto, atención a las necesidades de la justicia, entre otros; aunque esos reclamos se hicieron más evidentes cuando se creó el Ministerio de Justicia que “se convierte en el propietario de los proyectos de reformas judiciales y el canal de mejorar el presupuesto, en el espacio donde se generan los proyectos de codificación y en el que decide finalmente cómo las influencias políticas pueden insertarse en las nóminas o en  cumbres judiciales”.

Mostró su discrepancia con la “existencia de un ministerio de esas proporciones porque resta de independencia al sistema judicial a un Órgano Judicial que es un poder del Estado”, que, si bien debe cooperar y coordinar, pero “no someterse a él y eso ha pasado en el último tiempo”.

“La política partidaria posiblemente ha cooptado definitivamente el sistema judicial”, afirmó.

Considera que, sin un proceso de reconciliación en el país, los intentos por llevar adelante reformas judiciales pueden caer en el vacío, por la falta de voluntad política de las autoridades desde las diferentes instancias gubernamentales.

Criticó que la confrontación en torno al “golpe” y al “fraude” impide avanzar en otros objetivos como trazar una agenda mínima en temas de urgencia como la salud, la educación y la justicia, porque son “emergencias nacionales de dimensiones muy grandes”.

Manifestó que es fundamental que quienes tienen a su cargo el Gobierno y una fracción importante de la Asamblea Legislativa y los otros órganos den una muestra ya sea por la mayoría y minoría, “además pagamos sus salarios”, a dar una muestra de que pueden sentarse a dialogar sobre esos temas urgentes

“Al mantenerse distante y repudiarse recíprocamente nos dan una muestra de la inmadurez y la falta de responsabilidad con la que se ejerce el gobierno ya sea desde la titularidad del Ejecutivo o de la oposición en el Legislativo”, cuestionó.

Por esa razón dijo que es “necesario reconciliar” y “cesar las hostilidades” para instalar una agenda mínima de acuerdos. Porque sin este paso previo de reconciliación “cualquier intento de reforma caerá en el vacío”.

Porque las propuestas de reformas podrían ser rechazadas en los mecanismos que conducen a ella. Preciso que -por ejemplo- un intento de reforma por iniciativa ciudadana tiene que ir al Tribunal Constitucional “que como dije está manejado al gusto de quien generalmente tiene una influencia sobre sus magistrados y lo ha demostrado en el último tiempo”; o la Asamblea Legislativa que tiene que aprobar la ley para ese fin, donde el oficialismo tiene mayoría.