En los últimos meses, han surgido en Bolivia diversas encuestadoras con nombres poco conocidos o sin historial verificable, publicando resultados que favorecen a ciertos candidatos presidenciales.

Estos estudios, ampliamente difundidos en redes sociales y medios de comunicación, han generado sospechas sobre su credibilidad y la transparencia de su metodología.

Analistas políticos han señalado que algunos empresarios y comunicadores, como Marcelo Claure y José Pomacusi, están detrás de la difusión de estos datos, lo que ha despertado críticas sobre la manipulación de la opinión pública.

Se denuncia que estas encuestas no solo carecen de rigor técnico, sino que también son financiadas con millonarias sumas de dinero para favorecer la imagen de determinados postulantes.

En un contexto de crisis económica, donde el país enfrenta problemas de liquidez y falta de inversión en sectores clave, el gasto exorbitante en estrategias de posicionamiento electoral ha sido duramente cuestionado.

La población, cada vez más escéptica, ha expresado su rechazo a estos sondeos en redes sociales, señalando que no reflejan la realidad del país ni las verdaderas intenciones de voto.

Diversos sectores han solicitado al Tribunal Supremo Electoral mayor control sobre la publicación de encuestas, exigiendo que solo se difundan estudios realizados por empresas con trayectoria y metodología transparente. Entretanto, los candidatos continúan invirtiendo sumas millonarias en campañas mediáticas, mientras la incertidumbre política crece de cara a las elecciones.