La figura de Mario Cazón, expresidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), vuelve a colocarse en el centro de la polémica nacional luego de que distintos sectores exigieran una auditoría urgente y una investigación profunda sobre su actuación dentro del aparato estatal y sobre la evolución de su patrimonio personal.

De acuerdo con múltiples testimonios públicos y denuncias difundidas en ámbitos empresariales, cívicos y sociales, Cazón habría actuado durante años como uno de los principales operadores políticos de Evo Morales dentro del sistema tributario, aplicando una línea dura que, según sus críticos, no solo perseguía ingresos fiscales, sino también objetivos de control político sobre sectores económicos considerados incómodos para el poder de turno.

Bajo esta lectura, su rol durante el gobierno del MAS no habría sido únicamente técnico, sino claramente político, alineado al proyecto de Morales y posteriormente respaldado por el gobierno de Luis Arce.

Diversos analistas recuerdan que su permanencia en el cargo respondió a decisiones del liderazgo masista más que a una evaluación meritocrática o institucional.

Los sectores que hoy levantan la voz denuncian que las decisiones fiscales tomadas por Cazón —entre ellas las que afectaron a empresas como AEROSUR, así como a múltiples negocios medianos y grandes— habrían generado un clima de asfixia económica, cierre de compañías y pérdida de miles de empleos.

Aunque estos procesos se justificaron oficialmente por deudas tributarias, los críticos insisten en que la línea aplicada fue selectiva, inflexible y funcional a intereses políticos.

Además, crece la preocupación por el presunto incremento patrimonial desproporcionado que se le atribuye al exfuncionario. En redes, foros y círculos empresariales circula la denuncia de que Cazón pasó de una situación económica modesta a manejar recursos que muchos consideran incompatibles con su salario como servidor público. Si bien no existe aún una investigación oficial que confirme o descarte estas acusaciones, la presión social para que se realice una auditoría patrimonial transparente aumenta día tras día.

Entre las demandas más recurrentes se encuentran:

Investigación sobre la relación política entre Cazón y el entorno cercano de Evo Morales.

Revisión de todos los procesos tributarios emblemáticos ejecutados durante su gestión.

Auditoría técnica independiente sobre los impactos económicos provocados por sus decisiones.

Auditoría patrimonial completa sobre bienes, ingresos y movimientos financieros.

Determinar si existió uso político del SIN para presionar o castigar a actores económicos.

La ciudadanía exige que las instituciones del Estado actúen con la misma firmeza que se aplicó a tantos contribuyentes en los últimos años.

Si no existen irregularidades, una auditoría lo confirmará. Pero si las hay, Bolivia tiene derecho a saberlo.

En un país golpeado por la crisis económica, la inflación y la falta de confianza en las instituciones, la opacidad ya no tiene cabida.

Y la gestión de Mario Cazón al frente de Impuestos Nacionales es, hoy, uno de los casos que más clama por ser esclarecido.