El alcalde municipal, Manfred Reyes Villa, este sábado resalto la voluntad política para superar y resolver los problemas en paz y unidad, especialmente con la dictación de una Ley del Censo que permitirá democratizar los resultados hasta septiembre de 2024, tal como se planteó desde Cochabamba.
Santa Cruz, una de las regiones más prosperas y la locomotora económica de Bolivia, suspendió este sábado después de 36 días las protestas para exigir un censo de población que el gobierno izquierdista fijó para abril de 2024.
“Nuestra actitud fue seria y responsable nunca y jamás hemos alentado la confrontación, violencia y al contrario hemos viabilizado un Censo oportuno con resultados. En todo momento hemos insistido en la pacificación del país”, anoto.
Muchos radicales y algunos politiqueros nos dijeron de todo por los que dijimos que el Censo debería realizarse el 2024, pero con resultados en septiembre para ir a las elección con un nuevo Padrón Electoral y una redistribución de escaños.
"Estamos analizando el contenido de la ley donde debe contemplarse el tema de los resultados del censo, de la redistribución de los recursos económicos, pero además la distribución parlamentaria", reitero.
La crisis política se agravo, debido a que algunos radicales del Movimiento Al Socialismo (MAS) intentaron bloquear la aprobación del proyecto de ley del censo, hecho que fue repudiado por el pueblo boliviano.
El gobierno aceptó aprobar una ley en el Congreso para garantizar la realización del censo en esa fecha y la distribución de recursos económicos y la reasignación de escaños para antes de las elecciones presidenciales de 2025.
La cámara de Diputados aprobó la ley este mismo sábado y la remitió al Senado para su ratificación, lo que llevó a Santa Cruz a suspender las protestas.
Rómulo Calvo, líder del Comité Cívico departamental, un poderoso conglomerado civil-empresarial, señaló que "a partir de este momento hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y los bloqueos, sin suspender nuestra lucha".
"Hoy es un día histórico [porque] ha ganado la democracia", agregó en una declaración a la prensa.
Santa Cruz comenzó las protestas el pasado 22 de octubre con cortes de calles, avenidas y caminos interdepartamentales para exigir al presidente Luis Arce un censo de población para 2023, pues de la cantidad de población de las regiones depende la distribución de fondos públicos y la asignación de escaños en el Parlamento.
Durante el más de un mes de protestas, el transporte público quedó paralizado y los mercados al menudeo funcionaron esporádicamente uno o dos días a la semana.
También se registraron choques callejeros entre opositores y afines al oficialismo que dejaron, según el gobierno, cuatro muertos y más de 170 heridos.
El poder Ejecutivo rechazó el pedido de Santa Cruz, bajo el argumento de que era técnicamente imposible organizar el censo para el próximo año, y lo fijó para abril de 2024.
Reyes Villa indicó que la decisión de la distribución de recursos y escaños antes de las elecciones de 2025, ya fue establecida en consenso entre los poderes legislativo, ejecutivo y el Tribunal Electoral.
