Los periodistas de Cochabamba en un comunicado denuncian que el Gobierno  pretende violar la libertad de expresión a través de una Ley 305 «Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos», sin embargo el Gobierno boliviano niega intención de coartar libertad de prensa en proyecto de ley sobre derechos humanos

El Ministro de Justicia, Iván Lima, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negaron que el artículo 281 del proyecto de ley 305 «Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos» tenga la intención de coartar la libertad de prensa y amedrentar a los periodistas.

COMUNICADO: Ante un intento más de apagar la voz de la prensa, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, el directorio y afiliados, coincidimos en rechazar el Proyecto de Ley N⁰ 305 que lleva por título: "Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos" Ponemos en conocimiento el Parágrafo III del artículo 281 (VII), el cual "vulnera la Constitución Política del Estado", nuestra Ley de Imprenta y normativa internacional de la cual Bolivia es signataria; así mismo derechos humanos que son inviolables, constituyendo los cimientos democráticos.

El Estado Boliviano y nuestra Constitución Política, debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, información y el trabajo de la prensa.

El citado proyecto de Ley N⁰ 305, es la manera torpe y abusiva de acallar la voz del gremio periodístico y de nuestra propia sociedad, que incluso llega a atentar contra la libertad de trabajo. El limitar o controlar la libertad de expresión y de la prensa, constituyen acciones antidemocráticas y que violentan el estado de derecho en nuestro país.

Antecedentes históricos dan cuenta que en los años 70', militares intentaron controlar o acallar la labor de los trabajadores de la prensa sin lograr su objetivo. El 90' partidos políticos denominados neoliberales, también asumieron acciones que fueron rechazadas por el pueblo boliviano.

Finalmente, recordar a nuestros gobernantes que la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, garantiza la vigencia de la Ley de Imprenta y su aplicación, por lo que despotismos y alardes de poder, tanto en el Ejecutivo como el Legislativo, deben ser analizados por sus actores, caso contrario tomaremos medidas extremas donde los trabajadores de la prensa unidos defenderemos la libertad de expresión, información y prensa. POR ELLO EL SINDICATO DE TRABAJADORES LA PRENSA NOS DECLARAMOS EN ESTADO DE EMERGENCIA.

Ivan Lima explicó que el artículo en cuestión fue extraído de la Ley 045 Contra el Racismo y la Discriminación, que está vigente desde 2010 y que la prensa está protegida por la Ley de Imprenta.

Por su parte, la viceministra Alcón afirmó que el gobierno del presidente Luis Arce está comprometido con el respeto del derecho a la información, comunicación y al trabajo de la prensa.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las nueve asociaciones departamentales rechazaron el proyecto de ley, argumentando que el artículo 281 vulnera la Constitución Política del Estado y es atentatorio para el ejercicio periodístico.

El senador de la facción renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) Félix Ajpi declaró que el gobierno no encarcelará a periodistas, y que a veces la prensa hace preguntas absurdas, lo que es interpretado como obstaculización al trabajo periodístico.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados envió a consulta el proyecto de ley 305 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del Estado.

El artículo 281 del proyecto de ley establece sanciones para aquellas personas que difundan ideas basadas en la superioridad racial, promuevan el racismo, pronuncien discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, o inciten a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios.