Luego de obtenerse la sentencia por el caso de la exconcejala Juana Quispe, la Delegada Defensorial de La Paz, Maritza Suntura, mencionó que existen otros 4 casos en proceso sobre violencia política hacia mujeres y aseguró que la Defensoría del Pueblo no dejará de hacer seguimiento hasta obtener una sentencia condenatoria para todos ellos.

Por su parte, Bolivia Sánchez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de las Mujeres, detalló más información sobre los otros cuatro casos. Si bien todos ya tienen una sentencia preliminar, actualmente se encuentran en diferentes delegaciones nacionales, por lo que aún se espera que puedan emitirse sus debidas sentencias condenatorias, indicó.

AGUARDAN SENTENCIA CONDENATORIA

Si bien la Defensoría destacó la sentencia en el caso del asesinato de la exconcejala Juana Quispe, revelaron que la sentencia condenatoria de otros cuatro casos de violencia política queda aún pendiente, por lo cual las autoridades de la Defensoría, los medios y la sociedad civil deberán hacer un seguimiento exhaustivo hasta que se logre emitirlas, sugirió la Delegada Defensorial de La Paz, en conferencia de prensa.

“Como Defensoría del Pueblo hemos hecho un análisis, es cierto y evidente que se tiene una sentencia, pero está aún no se encuentra firme, es decir falta su ejecución, porque el procedimiento penal establece recursos para que la parte que no esté conforme con la sentencia, pueda usar, como lo son el recurso de apelación restringida y la casación”, expresó Suntura.

“Obligadas a renunciar”

Con la sentencia emitida sobre el caso de la exconcejala Juana Quispe, Sánchez detalló que la Defensoría realizó un informe defensorial llamado “Obligadas a Renunciar”, que detalla cómo, a través de la llamada “gestión compartida”, varias autoridades forzaron a mujeres del Concejo a ceder sus cargos. Asimismo, el informe incluye una serie de mecanismos de prevención en las instituciones estatales.

Sánchez pidió a los medios colaborar en su difusión para garantizar que las concejalas puedan ejercer sus funciones con la certeza de no sufrir acoso ni violencia política, garantías estipuladas tanto en normativas internacionales como nacionales. “Gracias al compromiso de varias instituciones, se ha logrado un 80% de avance en el cumplimiento de las recomendaciones del informe”, declaró.

QUISPE: CASO EMBLEMÁTICO

Juana Quispe fue una “mujer ejemplar”, según Josefina Velásquez, presidenta nacional de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol). Velásquez recordó la trascendencia del caso de la exconcejala presuntamente asesinada por el exalcalde Félix Huanca y el exconcejal Pastor Cutili, en complicidad de las exconcejalas Basilia Ramos y Exalta Arismendi. La sentencia dictó 30 años de prisión para los dos primeros, y penas menores para las dos exconcejalas, por complicidad y obstrucción en la investigación.

“Lamentablemente ha estado presente el machismo. Su único delito fue hacer fiscalización, denunciar actos irregulares. Como mujeres y concejalas, esa es nuestra principal tarea (…). Este es un caso emblemático para la institución”, aseveró.
“Es muy evidente que ellos (los acusados) aún pueden apelar, pero invocamos y pedimos a la sociedad e instituciones hacer seguimiento. En esos 11 años el caso estaba desestimado, hubo dilación. Lamentamos el actuar de la parte contraria, pero vamos a estar pendientes de lo que viene”, señaló.

GESTIÓN COMPARTIDA

Velásquez observó los efectos negativos de la denominada “gestión compartida” y cómo se dio curso en varios municipios, pese a no estar dentro de la Constitución Política ni de ninguna normativa. “Este caso también es de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), frente a esa retardación de justicia”, agregó.

Velásquez concluyó expresando que “en nuestro país hay retardación de justicia. Cuestionamos a los funcionarios que no están comprometidos con ella (…). Felicitamos esta sentencia a favor de la hermana Juana Quispe. Ahora podemos decir que recién va a descansar en paz”.

El pronunciamiento de la Defensoría, que destacó la sentencia lograda por el caso “histórico” de Juana Quispe Apaza, también revela un dato no menos relevante. Según informa Acobol, se registraron 600 denuncias, todas relacionadas con violencia política a mujeres, desde enero de 2018 hasta junio de 2023, siendo el año 2020 el que tuvo mayores cifras (160), seguido de 2022 con 76, y el 2023 con 41 denuncias.

Tras casi 12 años de un proceso penal estancado, el pasado miércoles finalmente se emitió una sentencia para los cuatro responsables por el asesinato de Juana Quispe, la exconcejala de Ancoraimes, quien denunció presiones por partes de sus colegas para dejar el cargo, para ser encontrada sin vida en 2012. El día martes se dará lectura a la sentencia completa.