Además del cruce de denuncias sobre estupro y abuso de poder, el nuevo asalto de la pelea del expresidente de Bolivia, Evo Morales; y el actual gobernante, Luis Arce, incluye bloqueos de carreteras y la novedad de la desaparición de la familia de la joven que, en 2016, siendo menor de edad, supuestamente tuvo una hija con el exmandatario.
Partidarios del expresidente boliviano Evo Morales se reúnen en los bloqueos que instalaron en protesta contra el gobierno del presidente Luis Arce, en Parotani.
Partidarios del expresidente boliviano Evo Morales se reúnen en los bloqueos que instalaron en protesta contra el gobierno del presidente Luis Arce, en Parotani, Bolivia, el 16 de octubre de 2024.
En los dos últimos años, la ruptura entre los dos líderes y sus facciones ha tenido varios episodios, cada vez con mayores tensiones, porque ambos aspiran a ser nominados candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) para los comicios generales programados para el 17 de agosto del 2025.
Con ese contexto de fondo, la Fiscalía de Tarija (sur) ha reactivado una denuncia de estupro, trata y tráfico contra Morales, que ahora se está tratando de forma reservada, pero que hace diez días provocó un revuelo político al conocerse una primera orden de detención contra el exmandatario, que luego fue anulada por una jueza.
En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha indicado que la Policía no ha recibido una nueva orden de captura, aunque ratificó que, si llega, la misma será cumplida.
Además, la trama ha dado un giro al haberse confirmado que la joven, que en la actualidad tiene 23 años; su hija, y su madre, una militante del Movimiento al Socialismo (MAS), no han sido encontradas en la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, donde vivían, y ahora se consideran desaparecidas.
Del Castillo dijo que “lamentablemente” ha recibido la noticia de que se ha abierto una investigación y un proceso penal por la desaparición de quien “presuntamente habría sido la víctima del señor Evo Morales” y se ha elaborado un afiche de búsqueda.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Tarija difundió este miércoles en sus redes sociales el afiche de búsqueda con la fotografía de Cindy Saraí Vargas Pozo y con las iniciales del nombre de su hija, indicando que fueron vistas por última vez a las 18:00 horas, del pasado 2 de octubre pasado, cerca del colegio Espaady, en Yacuiba.
La diputada opositora de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, que es representante de Tarija y hace un seguimiento al caso, dijo a FRANCE 24 que ese día hubo un "intento de secuestro de la niña" en una vagoneta, pero fue frenado por los vecinos y padres de familia del colegio donde estudiaba la niña.
Además, aseguró que legalmente la familia no ha abandonado el país hacia Argentina como se ha señalado en algunos medios. Se sospecha que las dos mujeres (madre e hija) y la niña están retenidas en algún lugar dentro de Bolivia contra su voluntad.
El caso, que tiene un antecedente de tratamiento en 2021, se reactivó el 26 de septiembre por orden de la Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien emitió la orden de aprehensión contra Morales.
Esa orden provocó un revuelo político y la destitución de la fiscal Gutiérrez por orden del Fiscal General Juan Lanchipa, que ejerce el cargo desde el 2018 y que en su carrera fue cercano a Morales. Lanchipa dio marcha atrás en la destitución, tras la lluvia de críticas a su decisión.
Actualmente son ocho las rutas afectadas, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La mayoría en la región central de Cochabamba, donde Morales controla a los sindicatos cocaleros, y algunas zonas de Santa Cruz (este) y Oruro (oeste).
Desde el lunes, la policía ha dispersado algunos puntos, pero los manifestantes se han reorganizado en otros usando dinamita para amedrentar a los agentes policiales que intentan evitar la expansión de los bloqueos en esa ruta troncal de alto tráfico y clave para la economía de país.
El senador cocalero Leonardo Loza, afín a Evo Morales, dijo este miércoles que más de cien sindicatos de la zona del Chapare, de Cochabamba, encabezan los bloqueos y que solo se suspenderán si el Gobierno de Luis Arce ordena “cesar la persecución política” contra Morales y otros dirigentes campesinos detenidos, dijo: En este país, en este momento, la Justicia es manejada desde la Casa Grande Del Pueblo. No pudieron tumbar a Evo Morales con temas de corrupción, desde hace mucho tiempo, no pudieron involucrarlo con temas de narcotráfico y ahora usan a niños, niñas, mujeres, temas sensibles, para afectarlo.
A propósito de una convocatoria al diálogo realizada por el Gobierno a los bloqueadores, el líder campesino Ponciano Santos, dijo que si Arce y el vicepresidente David Choquehuanca quieren dialogar, deben reconocer que Morales será candidato a los comicios del 2025.
"Si quieren diálogo, digan que Evo Morales está habilitado para ser candidato a la Presidencia. Si quieren diálogo, levanten los ocho procesos contra Evo Morales", aseguró el secretario ejecutivo de la confederación campesina afín al exmandatario en alusión al conjunto de denuncias que se han activado contra el líder político.
