El Gobierno de Bolivia confirmó este miércoles la deportación desde Estados Unidos del exministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, durante la Administración interina de Jeanine Áñez (2019-2020), quien deberá cumplir en el país dos sentencias de hasta ocho años de prisión en casos de corrupción.
"Hemos recibido la información de nuestra embajada en Estados Unidos de que el señor Arturo Murillo está siendo deportado al territorio nacional", indicó la canciller Celinda Sosa, en una rueda de prensa junto a sus colegas de Justicia, Jessica Saravia, y de Gobierno, Roberto Ríos.
Murillo, detenido en EE.UU. en mayo de 2021, fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y en enero de 2023 fue sentenciado a cinco años y diez meses de cárcel.
En octubre de 2022, el exministro se declaró culpable de conspiración para lavar dinero proveniente de sobornos que recibió a cambio de "ayudar" a una empresa estadounidense para obtener un contrato de 5,6 millones de dólares para dotar de gases lacrimógenos y otros equipos militares a Bolivia durante la gestión de Áñez.
Sin embargo, la titular de Justicia precisó que Murillo tiene dos sentencias, una por cinco años y cuatro meses de prisión debido al caso "gases Ecuador", por la dotación irregular desde Ecuador de material antidisturbio durante la crisis política en Bolivia de 2019.
Además del proceso 'gases lacrimógenos' en el que se emitió una condena de ocho años de reclusión por la compra irregular de material antidisturbio con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
"Estamos esperando que el señor (Murillo) venga a cumplir las condenas que ya han sido dispuestas a través de un proceso en el que se ha respetado el debido proceso", indicó la ministra.
Por su parte, el actual ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que Murillo llegará primero al aeropuerto de Viru Viru, en la oriental ciudad de Santa Cruz, en donde la Fiscalía ejecutará un mandamiento de aprehensión para su traslado a La Paz.
Ríos explicó que Murillo deberá comparecer ante un juez que deberá determinar si el exministro del Gobierno de transición tiene que cumplir la sentencia en los dos procesos mencionados, en una cárcel ubicada en el centro de la ciudad.
Los ministros bolivianos también señalaron que Murillo tiene abiertos otros procesos por presunta corrupción y forma parte de los acusados en el caso de la masacre de Senkata, un barrio en la ciudad de El Alto, en la que hubo una decena de civiles muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en 2019.
Al respecto, Ríos dijo que durante la llegada de Murillo a La Paz habrá una "escolta" especial debido al "rechazo y repudio" que el exministro ha generado en esa región para que "no se genere ningún tipo de conflictividad".
Murillo, de 61 años, fue empresario hotelero e incursionó en la política con el partido Unidad Nacional, liderado por varios años por el empresario opositor Samuel Doria Medina, con el que llegó a ser diputado (2006-2010) y senador (2010-2019) cuando dicha agrupación conformó la alianza Unidad Demócrata (UD).
Como parte de UD, formó parte de la bancada de oposición ante el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) liderado entonces por el expresidente Evo Morales (2006-2019), hasta la renuncia de este último durante la crisis social de 2019 que calificó como un "golpe de Estado" en su contra.
Cuando la entonces senadora Áñez asumió por sucesión la Presidencia interina de Bolivia, Murillo y otros legisladores de su partido ocuparon altos cargos en el Gobierno de transición.
El gobierno boliviano informó el miércoles que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, será deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena por conspiración para lavar dinero en ese país y que será detenido a su arribo por dos casos de corrupción.
Murillo, de 61 años, fue el brazo derecho de la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020). En 2021 fue detenido en Estados Unidos por haber recibido al menos 532.000 dólares en sobornos y dos años después fue sentenciado por lavado de dinero proveniente de la corrupción a 70 meses de cárcel.
En una conferencia de prensa la canciller Celinda Sosa explicó que desde su despacho han "acompañado el proceso de deportación a fin de garantizar que el exministro pueda responder ante la justicia boliviana por las condenas y procesos en curso en territorio nacional”.
En 2019 Murillo cerró un contrato por aproximadamente 5,6 millones de dólares para proporcionar gases lacrimógenos para contrarrestar las protestas de los afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) después de la asunción de Áñez.
Por ese acuerdo la justicia boliviana le hizo un juicio en ausencia en octubre de 2024 en el que fue condenado a ocho años de cárcel por negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado. También tiene otra sentencia a cinco años por el ingreso irregular de armamento desde Ecuador.
Según la Fiscalía Boliviana, Murillo tiene además otros seis casos abiertos.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que una vez que Murillo llegue a Bolivia será detenido y trasladado a La Paz, donde se lo remitirá a un juez y se espera que sea enviado a la cárcel. “Esperamos en este caso que la justicia dé cumplimiento a las sentencias”, afirmó.
Desde Estados Unidos una funcionaria del gobierno de Bolivia informó a The Associated Press que Murillo salió de prisión el 20 de junio fue trasladado a un centro de detención. El exministro interpuso recursos para evitar su deportación a pesar de que tenía una orden desde junio. Finalmente un juez ordenó su expulsión a fines de julio.
La deportación de Murillo se da en un momento de cambio en la justicia boliviana que ha anunciado la revisión de los casos de presos preventivamente sin juicio.
