Desde hace un mes se suceden medidas de fuerza con protestas por la fecha del recuento que podría modificar la representación legislativa de la región de Santa Cruz de la Sierra. Los analistas apuntan que muestran la debilidad de la oposición y las diferencias internas del MAS.
El conflicto en Bolivia por la fecha del censo, que está próximo a cumplir un mes con un paro en la próspera región de Santa Cruz y ya causó al país pérdidas por valor de más de 800 millones de dólares, dejó al descubierto dos cuestiones que hasta el presente constituían un secreto guardado por las apariencias: la debilidad política de la oposición y la tensión interna que vive el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dijeron analistas.
Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición de derecha y ultraderecha, inició un enfrentamiento con el gobierno central para exigir que en 2023 se realice un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.
El Ejecutivo nacional ya decidió por decreto que ese relevamiento será el 23 de marzo de 2024 y no antes porque no hay posibilidades técnicas para ello, y la oposición, en un intento que parece destinado a bajar sus pretensiones sin que se note demasiado, reclama ahora que esa fecha salga por ley, mientras mantiene además su pedido de que liberen a detenidos por cometer actos de violencia.
La iniciativa legislativa sobre la fecha del censo - cuyo año de realización, 2024, la derecha ya no discute como al principio del conflicto- va a ser muy difícil de que se haga realidad en pocos días, no sólo por la magra muñeca para la búsqueda de consensos parlamentarios mostrada por la oposición, sino también por las diferencias internas que existen en los bloques oficialistas de ambas cámaras.
En lo que el MAS sí encontró una política que comparten sus sectores es la de impulsar acciones penales para los líderes de la revuelta, muchos de los cuales dieron el puntapié inicial para la concreción del golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales, basado en denuncias de un fraude electoral que nunca se confirmó.
Uno de ellos es el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien entró al palacio de Gobierno boliviano en 2019 blandiendo una Biblia, presto para bendecir la asunción de la hoy detenida expresidenta de facto Jeanine Áñez.
La contundencia de las protestas en Santa Cruz, con cortes de rutas, barricadas e incendios que provocaron al menos tres muertes y que anoche se trasladó a ataques violentos a un barrio de viviendas humildes llamado Plan 3.000, impulsó al gobierno de Luis Arce a denunciar una nueva actitud golpista.
Sin embargo, analistas consultados dijeron que, más allá de las intenciones secretas que pudieron animar a los revoltosos, ese objetivo no estuvo hasta el momento en el menú de opciones y que, por el contrario, en el conflicto la derecha desnudó su escaso poder de oposición política, si bien Santa Cruz cuenta con una sociedad movilizada de profundo sentimiento secesionista y antiaborigen.
"Santa Cruz históricamente cultivó una identidad diferente, occidentalista, que renuncia a la Bolivia indígena, pero si este sentimiento volvió a estar a flote esta vez no se percibió, porque la derecha desnudó su escaso poder de oposición", evaluó Fernando Molina, politólogo y catedrático boliviano.
El además escritor y periodista admitió que estos reclamos tienen todavía una fuerte adhesión ciudadana, una fuerza no partidaria pero cada vez más amplia que sí podría constituir en el futuro una piedra en el zapato para la izquierda gobernante, que de por sí tiene sus propios problemas, basados en las visiones opuestas de conducción de Arce y Morales.
Sobre este último punto, tanto Molina como Paul Coca, catedrático y analista político, coincidieron en que el oficialista MAS está atravesando una crisis interna de difícil pronóstico, dado el enfrentamiento entre el actual presidente y el líder histórico del movimiento y de la Bolivia Plurinacional, nacida durante sus años al frente del Palacio Quemado (2006-2019).
"La crisis es tan grande que hoy por hoy el principal opositor al gobierno no es la oposición, que no tiene poder para articular políticas desde las gobernaciones o el Parlamento y mucho menos un golpe de Estado que jamás estuvo entre las opciones de esta crisis, sino el propio Evo Morales", resumió Coca.
