El narcotráfico se expande y aumenta su poder en la Amazonía de forma silenciosa, apoyado en el vacío estatal, la porosidad de las fronteras y la violencia. Cómo combatir su emporio delictivo será uno de los ejes centrales de la Cumbre Amazónica que se celebrará los próximos días 8 y 9 de agosto en la ciudad brasileña de Belém do Pará.
La mayor selva tropical del planeta se ha convertido en una “región estratégica” para el tránsito de drogas desde los países productores (como Colombia, Perú y Bolivia) hacia los consumidores, entre los que se encuentra el propio Brasil.
Según datos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, alrededor del 40 % de la cocaína que se trafica en el país suramericano pasa por la Amazonía, donde la presencia de bandas criminales para controlar las rutas viene creciendo en la última década.
El asunto preocupa y mucho a los ocho países amazónicos, que se reunirán en la ciudad de Belém, capital del estado de Pará, para discutir el futuro del bioma, y uno de los temas que se abordará en la declaración final es el crimen organizado, según fuentes oficiales.
“Las nuevas amenazas, especialmente las relacionadas con la delincuencia organizada, están muy presentes y son aterradoras. Tenemos que abordar esta cuestión juntos“, dijo el secretario del Clima, Energía y Medioambiente de la Cancillería brasileña, André Corrêa do Lago, en una rueda de prensa previa a la cumbre.
Los narcotraficantes usan la espesura de la jungla desde los ochenta, pero en los últimos años han modernizado sus métodos.
Operan desde dentro y fuera de las cárceles, tienen un jerarquía propia de un Ejército y han sumado nuevas prácticas a su catálogo criminal: desde la minería hasta la ocupación de tierras y el comercio de madera noble.
El resultado es una amalgama de siglas cada vez más presentes en la región. La lista es amplia: Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermelho (CV), Tren de Aragua, Comando Clase A (CCA), Los Cachorros (‘Os Crias’), Bonde dos 13 (B13), Família do Norte (FDN), Unión Criminal de Amapá (UCA), Bonde dos 40 (B40)… Y hay más.
“Los grupos llegan de forma silenciosa y cuando las autoridades se quieren dar cuenta están organizados, comienzan a pintar las paredes con su símbolo e imponen su ley“, explica a EFE Aiala Colares, investigador de la Universidad Estadual de Pará (UEPA).
Colares ha coordinado un estudio reciente sobre las dinámicas de la violencia en la Amazonía, un trabajo de dos años a partir del análisis de datos, informes policiales y entrevistas que dibuja un panorama sombrío.
Esa investigación señala que alrededor de cuarenta localidades de Pará, donde se va a celebrar la cumbre, están dominadas por grupos criminales.
Y estos grupos además moldean sus redes en función del fuerte económico de cada municipio, es decir, donde ven que hay negocio, se meten. Ejemplo, la explotación de oro, casiterita y manganeso.
“En Jacareacanga, el Comando Vermelho está comercializando droga dentro de las áreas mineras“, abiertas en medio de la selva de forma ilegal, “porque es más ventajoso negociar droga por oro que por dinero”, indica Colares.
Además, para mover la droga, los traficantes usan la estructura de la minería ilegal, que en ocasiones incluye rudimentarias pistas aéreas.
Ante esto, las comunidades locales tienen dos opciones: mirar hacia otro lado o denunciar y enfrentar las consecuencias, y ahí entran en la mira los ecologistas.
En Perú, como los otros países amazónicos, los defensores ambientales viven amenazados por la presencia de estas actividades ilícitas, como el tráfico de madera, la minería ilegal o el narcotráfico.
Una infinidad de peligros a los que se suma la indiferencia y la falta de conciencia de la población, lo que las organizaciones denuncian como “procesos de criminalización”.
“Nuestros territorios están siendo invadidos sin piedad. Ellos (los criminales) no tienen temor, cada día estamos más despojados de nuestros territorios”, afirmó en una reciente entrevista a EFE el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), Herlin Odicio, quien advirtió de que no es una lucha local, sino “de todo el mundo” por seguir respirando “aire puro”.
Durante la pandemia disminuyeron las labores de fiscalización. El crimen organizado aprovechó entonces la ocasión para ocupar territorios indígenas y áreas naturales del país, cuya superficie amazónica abarca el 60 % de su totalidad.
El último caso público fue el del conocido líder indígena asháninka Santiago Contoricón, quien fue asesinado en abril pasado en su comunidad, en el departamento de Junín. Según las indagaciones policiales, el narcotráfico está detrás del crimen.
Colares lo tiene claro. La solución pasa por la cooperación y por soluciones compartidas por los ocho países amazónicos, aunque para ello se necesita “tiempo, dinero y voluntad política”.
