Cochabamba, Bolivia – La sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), construida en el municipio de San Benito, a unos 30–45 km al sur de Cochabamba, ha sido objeto de fuertes críticas por su alto costo, escaso uso y falta de funcionalidad frente a necesidades prioritarias del país.
La obra, impulsada durante el gobierno del expresidente Evo Morales, fue inaugurada en septiembre de 2018 con la finalidad de convertirse en un espacio de integración regional para los países de Sudamérica. Sin embargo, los objetivos políticos originales no se cumplieron y la infraestructura no ha llegado a funcionar como sede del Parlamento regional.
El proyecto fue financiado íntegramente por el Tesoro General del Estado, con inversiones que rondan 471 millones de bolivianos (aproximadamente US$ 65 millones).
nformación anterior también reporta estimaciones de 72 millones de dólares, casi el doble que la sede presidencial Casa Grande del Pueblo.
Otros medios citan cifras que rondan los 400 millones de bolivianos (unos US$ 58 millones) para la infraestructura principal.
La infraestructura incluye un hemiciclo para parlamentarios, salas de convenciones, oficinas administrativas y estacionamientos; incluso llegó a ofrecerse su uso para matrimonios y graduaciones ante la falta de actividades legislativas del bloque.
Aunque fue concebida para albergar sesiones parlamentarias de UNASUR y promover la integración regional, el Parlamento nunca llegó a funcionar en este recinto debido a la crisis interna del organismo, la retirada de varios países miembros y la falta de consenso sobre su reglamento interno.
Hoy en día, la sede permanece mayormente cerrada o subutilizada, y su mantenimiento recae en recursos públicos sin generar los beneficios esperados.
Sectores opositores y voces ciudadanas han señalado que este tipo de inversión representa un despilfarro de recursos estatales, especialmente en un contexto donde existen necesidades urgentes en educación, salud, infraestructura básica y desarrollo productivo. Estas críticas se suman a otros proyectos que según analistas tampoco habrían generado beneficios proporcionales al gasto realizado.
Los defensores del proyecto argumentaron originalmente que: La sede serviría como símbolo de integración sudamericana y punto de encuentro diplomático. Podría impulsar el desarrollo local y turístico de la región.
Generaría empleo y dinamización económica durante la etapa de construcción.
Sin embargo, la falta de funcionamiento institucional del edificio ha limitado gravemente estos beneficios potenciales.
