Jueves, 29 Septiembre 2022
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LEGISLADORES PROTEGEN LA CORRUPCION: Piden cárcel para Edwin Castellanos por el puente caído

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“Los cochabambinos se encuentran indignados, por la actitud de los operadores de justicia y de los fiscalizadores del Estado. Además, los diputados y senadores de Cochabamba, protegen la corrupción, la malversación de fondos y el uso indebido de recursos del Estado en obras inservibles como es el puente caído al Sud de Cochabamba, dijo el asambleísta, Diego Brañez.

El exalcalde Edwin Castellanos, el famoso “cholango, debería estar en la cárcel por haber engañado y estafado al pueblo de Cochabamba con la construcción de un puente que caído que demandó una inversión de más de 11 millones de bolivianos”, acoto.

Después de casi siete años, el puente caído en la avenida 6 de Agosto e Independencia sigue siendo un monumento “al cemento” y las soluciones quedan en el discurso, acoto.

“Yo me pregunto dónde están los legisladores de Cochabamba, acaso no tienen la responsabilidad de iniciar acciones legales contra el exalcalde Edwin Castellanos. Me parece que los diputados y senadores de Cochabamba, son cómplices de la corrupción y son lo que tapan los hechos irregulares de una autoridad que pertenece al MAS”, indico.

Los vecinos del puente ya reclamaron en varias ocasiones una solución, pero siete años después la situación sigue igual o peor, porque el puente no se repone.

La obra fue ejecutada en la gestión del exalcalde Edwin Castellanos, del MAS, en 2014, y colapsó tan sólo 10 meses después de su entrega, el 22 de octubre de 2015. Demandó una inversión de 11,7 millones de bolivianos.

Las audiencias de los presuntos involucrados se reprograman cada vez y a siete años del colapso no se tienen sanciones para los responsables ni la reposición del puente.

En marzo de este año, el exalcalde Edwin Castellanos ofreció resarcir los daños ocasionados por la caída del desnivel en un proceso de justicia “restaurativa”.

El exalcalde y el responsable de la constructora presentaron un memorial ante el Viceministerio de Justicia solicitando someterse al programa de justicia restaurativa.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Boris Fiorilo, dijo que la Ley 004 prohíbe salidas alternativas a la persecución penal.

Aclaró que la ley señala que aquellos que hayan cometido un daño superior a 7 millones de bolivianos o aquellos que hayan ejercido el cargo de máxima autoridad ejecutiva no pueden acogerse a este programa.

“Los coacusados han presentado propuestas técnicas para restaurar el puente. Esos documentos fueron consensuados con el GAMC y se enviaron a la Viceministerio de Transparencia. Cuando termine la restauración, si se acepta, en seis meses será el propio viceministerio que nos dé el acuerdo de restauración”, señaló.

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