Miércoles, 24 Julio 2024
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Niegan libertad a Zúñiga seguirá detenido en el penal de El Abra

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Luego de una audiencia de apelación, un juez de Cochabamba negó libertad al excomandante del Ejército Juan José Zúñiga en el caso del golpe de Estado fallido del 26 de junio.

La defensa del militar acusado de liderar operativo castrense de ese día solicitó que Zúñiga se defienda en libertad de las acusaciones en su contra, pero la respuesta no fue favorable.

El Ministerio Público ratificó ante el juez su pedido de aplicar el encarcelamiento mientras se realicen las investigaciones por este caso, que la Procuraduría General del Estado (PGE) denominó Golpe de Estado III.

Hasta este sábado, 24 personas ya fueron sometidas a audiencias de medidas cautelares, según información de la Procuraduría General del Estado (PGE), aunque el fiscal de materia Franklin Alborta informó que la cantidad de investigados supera las 30 personas.

Ya pasaron 10 días desde que Zúñiga y otros militares fuertemente armados llegaron en tanquetas y vehículos blindados al Kilómetro Cero de La Paz.

El entonces jefe militar intentó ingresar al Palacio Quemado, pero el presidente Luis Arce lo esperaba en la puerta de ese edificio. Al encararlo, enérgicamente le ordenó que repliegue al personal que cerró la plaza Murillo, pero se negó.

Rápidamente, Arce decidió remover a los tres miembros del Alto Mando Militar. La primera acción de las nuevas autoridades militares fue la orden del repliegue de los uniformados.

Ahora, los excomandantes del Ejército Juan José Zúñiga, de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Marcelo Zegarra y de la Armada Juan Arnez; además de otros militares subalternos y civiles, enfrentan un proceso que la Fiscalía abrió de oficio el mismo día de los hechos.

Este sábado, la PGE informó que los procesados enfrentan siete delitos, entre ellos, alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado; terrorismo, atentados contra la seguridad del Presidente y otros dignatarios de Estado; destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; y uso indebido de bienes y servicios públicos.

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