En una respuesta inmediata a la creciente crisis causada por la sequía en el departamento de Oruro, la Asamblea Legislativa de la región ha emitido una declaración oficial de desastre natural. Esta medida se ha tomado debido al alarmante aumento de casos que están afectando gravemente a la población local y su entorno.
El asambleísta José Luis Araníbar, quien ha estado monitoreando de cerca la situación, informó que un total de 28 municipios en el departamento se encuentran en un estado de emergencia debido a los efectos devastadores de la sequía. La escasez de agua, la pérdida de cultivos y el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos han llevado a esta declaración de desastre.
Para hacer frente a esta crisis sin precedentes, la Asamblea Legislativa de Oruro ha tomado medidas significativas. Entre ellas, se ha promulgado la Ley 235, que otorga al gobierno de Oruro la autoridad para movilizar recursos locales y coordinar esfuerzos a nivel nacional e internacional. Estos recursos se utilizarán con el fin de abordar de manera urgente los desafíos presentados por la grave situación que enfrenta el departamento.
La Ley 235 también faculta al gobierno a implementar medidas de ayuda, como la distribución de alimentos y agua, la atención médica para aquellos afectados por la sequía y la búsqueda de soluciones a largo plazo para garantizar la seguridad hídrica en la región.
La comunidad internacional ha expresado su solidaridad con Oruro, ofreciendo apoyo y asistencia técnica para mitigar los efectos de esta sequía. Se espera que esta colaboración ayude a aliviar el sufrimiento de los residentes locales y a restablecer la estabilidad en el departamento.
El gobernador de Oruro, junto con las autoridades locales y nacionales, está coordinando esfuerzos para garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva y que se brinde la ayuda necesaria a quienes más la necesitan en este momento de crisis. La solidaridad y la acción decidida son clave en esta lucha contra los impactos devastadores de la sequía en Oruro.
