La Paz / Cochabamba, 01 de diciembre de 2025 — En medio de anuncios oficiales de reducción de pobreza basados en datos del censo reciente, la realidad vivida por amplios sectores de la población boliviana demuestra que la crisis social no solo persiste, sino que amenaza con agravarse.

El fenómeno de la pobreza estructural —evidenciado en elevados niveles de pobreza multidimensional— sigue afectando a gran parte de la ciudadanía, poniendo en evidencia la fragilidad de los avances reportados.

Datos recientes contradicen la narrativa oficial. En ciudades como Santa Cruz y El Alto, más de dos tercios de la población urbana (66,1 % y 65,5 %, respectivamente) viven en situación de pobreza multidimensional.

En el caso de Cochabamba, el porcentaje ronda el 56 % de la población urbana.

Estos datos muestran que —a pesar de cifras oficiales recientes que reducen el número de “pobres estructurales” tras el último censo— para una parte importante de la población la realidad cotidiana sigue marcada por carencias múltiples: vivienda digna, servicios básicos, salud, educación, empleo digno.

Las causas estructurales: informalidad laboral, baja educación, inflación e inestabilidad económica: Según un estudio académico de 2025, los principales factores que inciden en la pobreza multidimensional en Bolivia son: el trabajo informal, los bajos niveles educativos y las condiciones inadecuadas de vivienda.

La informalidad laboral no solo perpetúa empleos precarios y bajos ingresos, sino que impide el acceso a seguridad social, servicios básicos, estabilidad económica y oportunidades reales de movilidad social.

A ello se suma la inflación —que en los últimos años ha golpeado duramente la canasta básica— y la depreciación de la moneda nacional, factores que erosionan el poder adquisitivo de hogares con ingresos bajos o variables, incrementando la vulnerabilidad.

En tal contexto, muchos hogares quedan al margen de protección ante una crisis de precios, mientras el empleo informal y precario sigue siendo la norma para una mayoría.