La Fiscalía encargada del caso de Arturo Murillo en Estados Unidos solicitó postergar la audiencia contra el exministro prevista para el 9 de julio. La comparecencia sería reprogramada para el 9 de agosto, informó el Procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

“Hemos recibido la información de parte del estudio jurídico de abogados que se ha acreditado en los Estados Unidos de que se ha solicitado la postergación de audiencia programada para siguiente 9 de julio para el señor Arturo Murillo Prijicc y otros, de parte de la Fiscalía del caso en el estado de Florida en Estados Unidos. Esa solicitud está ingresada y es lo más probable que esa audiencia se suspenda”, dijo Chávez.

Señaló que la nueva fecha solicitada por la Fiscalía es el 9 de agosto e indicó que, de acuerdo con la tradición en estos temas en EEUU, lo más probable es que se disponga la postergación.

“Hasta este momento no se ha confirmado que se haya suspendido la audiencia, pero de acuerdo a la forma, a los procedimientos y a la tradición que se sigue en este tipo de casos, es lo más probable (…) La nueva fecha tentativa propuesta por la misma Fiscalía es el 9 de agosto de 2021”, agregó.

Murillo fue detenido en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y sobornos proveniente de la corrupción. El dinero le habría sido entregado a cambio de la contratación que hizo el gobierno transitorio de la empresa Bravo Tactical Solutions por 5,6 millones de dólares para la provisión de gases lacrimógenos.

En la audiencia se definirá el estatus legal en que Murillo enfrentará este proceso abierto en Estados Unidos.

A mediados de junio, surgió la versión de que Murillo había sido liberado, pero entonces las autoridades y abogados negaron esa información y ratificaron que el exministro permanecía detenido.

El Procurador también informó que la siguiente semana ingresará la demanda civil interpuesta por el Estado boliviano para lograr recuperar los recursos económicos robados al país por Murillo y su “grupo delincuencial”.

“La demanda civil va a entrar en el curso del 5 y el 9 de julio siguientes, justamente en la justicia de los Estados Unidos, para ello nos hemos tomado un tiempo razonable para contar con todos los antecedentes necesarios para interponer la demanda que tiene dos propósitos, primero recuperar los dineros que se han robado a los bolivianos, y por otro lado, la calificación del daño, que debe ser un daño bastante alto con relación, o tomando en cuenta, que ha existido pagos de manera tan delincuencial en tiempos de pandemia”, explicó.