El abogado indígena y exrepresentante de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto De La Cruz, tildó de “sarnas” a los responsables, un docente y dos universitarios, del informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca que señala  que no hubo manipulación de datos en los comicios electorales del 2019. Además los acusa de someter a la justicia boliviana.

“Lo que es peor, dos ‘sarnas’ universitarios de España han decidido someter a la justicia boliviana comenzando por el Fiscal Juan Lanchipa, quien ha decidido someter la justicia boliviana a decisiones coloniales”, expresó a través de sus redes sociales.

De la Cruz afirmó que con la conclusión del informe que niega el fraude electoral, la justicia fue sepultada y “colonizada” por los “españoles”.

“Con su decisión el fiscal General Juan Lanchipa ha mandado al tacho toda la lucha de los 500 años de resistencia aymara-quechua al sepultar el caso del fraude electoral por recomendación de los españoles y someter la justicia boliviana a decisión del yugo español. La historia se repite”, afirmó.

El jurista aseguró que “después de 500 años, el Estado Plurinacional de Bolivia, acaba de ser Colonizada la justicia nuevamente con un Informe Pericial de la Universidad de Salamanca de España. Antes los colonizadores sentenciaron a muerte a Tupak Katari, Tupak Amaru, Bartolina Sisa, Nicaila Bastidas, ahora con su pericia mataron la voluntad del pueblo imponiendo el fraude”.

La Fiscalía cerró el caso “fraude electoral” con base en un estudio del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), que establece que no existió una manipulación de los datos como concluyó en su informe la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según el informe, se hizo un análisis de la aplicación utilizada para el conteo de las actas, el proceso de verificación y los resultados del cómputo, haciendo notar primero que tanto el TREP como el Cómputo Oficial (CO) utilizaron imágenes independientes en el registro de las actas, a excepción de las actas provenientes del extranjero.

La investigación que tuvo un costo para el Estado de Bs 216.193 es firmado por tres personas: Pablo Plaza Martínez, Juan Manuel Conchado Rodríguez y Manuel López Pérez.